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FUNDAMENTOS

El concepto de Responsabilidad Social Empresaria (en adelante “RSE”) se sostiene en valorar la forma en la que las empresas se vinculan en la sociedad. En estos tiempos, existe una necesidad de rediseñar el vínculo entre la empresa y la sociedad, una ecuación que permita compensar los desequilibrios generados de un paradigma socio económico con fuerte penetración en la cultura argentina en dónde el Estado perdió fortaleza y fue ponderado el modelo centrado fundamentalmente en el mercado. Este esquema fue incapaz de resolver los problemas que surgieron en una sociedad que siguió golpeando las puertas del Estado, más allá de su reducción.

Para generar mayores canales de solución a los problemas que emergen inevitablemente de la sociedad actual, resulta provechoso evitar los planteos de cortes particularistas y dicotómicos (Estado o mercado) y sumar a las empresas que tengan un comportamiento social y ambiental responsable a las acciones del Estado y sociedades civiles.
Por este motivo es imprescindible estimular desde el Estado un nuevo contrato social que invite a las empresas a establecer una ligadura renovada con la sociedad, más allá de lo estrictamente económico. Para alcanzar este objetivo, la provocación de un comportamiento socialmente responsable de las empresas representa un puente sólido y concreto para el objetivo.

La RSE es un concepto que, fundamentalmente, importa un comportamiento voluntario de la empresa, un modo distinto de vincularse con la sociedad. Parte de la comprensión de que es necesario articular un nuevo modo de afrontar el quehacer de los negocios, en la comprensión de que la empresa no es una realidad aislada del ámbito social en que se inserta, sino que depende, actúa y se beneficia en él.

Al respecto, debe precisarse la noción: bien entendida, la RSE constituye una política de la empresa sostenida en el tiempo; no puede denominarse de este modo, por lo tanto, a una serie de actos benéficos aislados, sino a una conducta sostenida en el tiempo. Además, la RSE va más allá del mero cumplimento de la ley. No puede considerarse socialmente responsable a una empresa que no cumple la normativa correspondiente pero, al mismo tiempo, tampoco el mero acatamiento de las reglas legales, que es una obligación, basta para configurar la responsabilidad social. La RSE se trata, entonces, de una política empresarial voluntaria, sostenida en el tiempo, que empieza con el cumplimiento de la ley, pero lo excede. Con base en tal política, la empresa adopta conductas y efectúa actos que producen un beneficio social, tanto al interior como al exterior de la empresa.

Cabe cuestionar, atendiendo a lo dicho, cuál es el rol del Estado respecto a la RSE. No parece adecuado generar una obligación de adoptar prácticas de responsabilidad social, ya que sería contradictorio con el carácter voluntario de esta práctica empresarial. No obstante, considerando la función general del Estado, vinculada al bien general de la sociedad, si es pertinente promover, sin exigir, la RSE.

Esta acción de promoción será más efectiva partiendo de la identificación de las empresas socialmente responsables. Por sí sólo, esto arroja ventajas a consumidores y usuarios. La información sobre las políticas empresarias, en efecto, puede contribuir a la orientación de la población en relación a qué servicios solicitar o cómo dirigir sus opciones de consumo.

Por otra parte, y correlativamente, la categorización de una empresa como socialmente responsable debe constituir una ventaja comparativa y un elemento sustancial para distinguirse de sus competidoras. El establecimiento de los indicadores permitirá la objetiva valoración y evaluación de las condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las empresas en su comportamiento. Por lo planteado, la noción de Responsabilidad Social Empresaria no significa, de ninguna forma, la desestimación de la importancia de generar beneficios económicos; intenta evitar que la optimización de ese proceso no se alcance a cualquier precio, además de establecer un nuevo y mejor vínculo con la sociedad que no se circunscriba exclusivamente a responder a las obligaciones jurídicas, sino que permita avanzar en consideraciones de orden ético, social y medioambiental.

La propuesta de que la Provincia de Río Negro establezca un Indice de Responsabilidad Social Empresaria (IRSE) permitirá distinguir, a través de un certificado, cuáles son las empresas comprometidas con la constitución de un nuevo pacto social. Para acceder al Certificado de Responsabilidad Social Empresaria, las empresas deberán superar determinados requisitos en cada una de las dimensiones y categorías consideradas y pretenderá la promoción de una cultura de la responsabilidad social en la provincia. El Indice servirá, además, para que las empresas reciban el acompañamiento por parte del Estado provincial, a través de programas especiales o planes de financiamiento.

Estos beneficios, cuyo objeto es promover la RSE, deberán mantener un equilibrio, siendo eficaces como estimulo pero sin constituir “subsidios” a la actividad empresaria.

El Certificado de Responsabilidad Social y Ambiental
Empresaria considerará aspectos de cuatro dimensiones claramente definidas: económica, social, ambiental e institucional. Esta normativa tomará como referencia, a fin de determinar los indicadores, los lineamientos desarrollados por el Instituto ETHOS (Brasil), que establece, por ejemplo, las relaciones con la comunidad (administración del impacto de la compañía en la comunidad del entorno, relaciones con las organizaciones sociales, etc.), acción social (financiamiento de la acción social, involucramiento con la Acción Social), respecto al individuo, diálogo y participación, valoración de la diversidad, responsabilidad frente a las generaciones futuras (compromiso con el mejoramiento de la calidad ambiental, educación y conciencia ambiental), administración del Impacto Ambiental (impacto en el medio ambiente, calidad de productos, ciclo de vida, etcétera) Además, para alcanzar la valoración
pretendida del Certificado de RSE es fundamental el proceso de difusión de este mecanismo y sus resultados.

Servirá atender la normativa comparada sobre la temática para la implementación del trabajo propuesto por esta ordenanza. Por ejemplo, la SA 8000, sobre Responsabilidad Social, emitida en el 1997, es una norma uniforme y auditable, mediante un sistema de verificación por terceras partes que puede ser utilizada por las empresas, cualquiera sea su tamaño, emplazamiento geográfico o sector operativo, para demostrar su compromiso con las mejores prácticas de responsabilidad social. La idea de sumar un agente externo en la evaluación es un aspecto considerado por esta norma.

Por otra parte, la Norma Internacional para la Administración Ambiental, ISO 14000, emitida en el año 1995, es un estándar de nivel internacional para la puesta en práctica o mejoramiento de un sistema de administración ambiental. La conformidad con esta norma es un indicador del compromiso con la protección del medio ambiente.

Estos son algunos ejemplos vinculados a las acciones concretas que puede llevar adelante la empresa para cumplir con las exigencias del certificado de RSE: Predicar con el ejemplo (publicitar la filosofía de manejo social responsable de la organización. Liderar el cambio de actitud en la comunidad); participar de las actividades comunitarias (Los eventos
culturales, sociales, conmemorativos o deportivos que son valiosos para la sociedad); instalar valores mediante la implementación de acciones concretas como premiar a los mejores alumnos, a los líderes sociales, y la manifestación concreta contra cualquier tipo de discriminación; desarrollar alianzas estratégicas con proveedores, clientes, dirigentes comunales y la sociedad civil, que apunten a mejorar la calidad de vida comunitaria; promover la asociatividad, la participación y el involucramiento social.

Por otra parte, y sin que se asimile o confunda de modo alguno con la responsabilidad social y ambiental empresaria, parece coherente que, al tiempo que el Poder Ejecutivo promueve prácticas adecuadas en el sector empresario, también tienda a maximizar y mejorar la calidad de su propia actividad. Es relevante, en este sentido, lo establecido en la norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad.

Por ello:
Autor: Claudio Juan Javier Lueiro

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
SANCIONA CON FUERZA DE L E Y

Artículo 1º.- Créase el Programa de Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria en la provincia de Río Negro. El mismo se rige por esta ley.

Artículo 2º.- El objeto de la implementación del Certificado de Responsabilidad Social y Ambiental (CRSA) es promover un comportamiento social y ambientalmente responsable por parte de las empresas que ejerzan su actividad en la provincia de Río Negro.

Artículo 3°.- Se encuentran comprendidas dentro del alcance del programa establecido en esta ley todas las empresas que tengan domicilio comercial en la jurisdicción del territorio de Río Negro y estén desarrollando, con al menos un año de antigüedad, su actividad principal en la provincia.

Artículo 4°.- La presentación del formulario para obtener el CRSA será voluntaria y anual, en la fecha que determine la autoridad de aplicación.

Artículo 5°.- Aquellas empresas que logren el CRSA obtendrán beneficios relacionados con el acceso a créditos y programas especiales, incentivos para la innovación tecnológica y otros. Los mismos serán establecidos por la Autoridad de Aplicación, y podrán variar en cada año.

Artículo 6°.- El CRSA expresará el cumplimiento de los aspectos considerados por la Autoridad de Aplicación que permitan una adecuada valoración de la responsabilidad de la empresa en el plano social y ambiental.

Artículo 7°.- La Autoridad de Aplicación publicará semestralmente en tres (3) medios de comunicación que considere, cuáles son las empresas de la ciudad que cumplieron con el criterio establecido para conseguir el CRSA. El mensaje
tendrá como objetivo valorar el cumplimiento de los aspectos propuestos por la provincia de Río Negro, y el beneficio que representa para la sociedad rionegrina.

Artículo 8°.- Los aspectos a cumplir para recibir el CRSA se basarán en indicadores diseñados que permitan la objetiva evaluación y valoración de las condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las empresas con su comportamiento. A tal efecto, se tendrán en cuenta, de modo orientativo, los aspectos señalados en el Anexo I. Las empresas podrán presentar información sobre aspectos diversos a los incluidos en el Anexo I, y la Autoridad de Aplicación podrá requerir información diversa a los mismos.

Artículo 9°.- La elaboración del índice de responsabilidad social y ambiental empresaria será auditado y verificado por el personal dispuesto por la Autoridad de Aplicación para la implementación del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria. Podrá, si lo considera necesario, contratar entidades externas independientes para este trabajo. Con en esa información se expedirá el Certificado.

Artículo 10.- No podrá otorgarse CRSA en beneficio de ninguna empresa que, al momento de realizar la solicitud de tal certificado, mantuviere deudas con el Estado Provincial o se encontrare incumpliendo normativa municipal, provincial o nacional pertinente a su actividad. La Autoridad de Aplicación deberá constatar el cumplimiento de las normativas y la ausencia de dichas deudas, y deberá evacuar toda duda razonable, frente a denuncia o de oficio, en relación al cumplimiento del resto de la normativa señalada.

Artículo 11.- El CRSA se expedirá con la correcta información suministrada y posteriormente auditada, considerando, según el caso, los aspectos establecidos en Anexo I.

Artículo 12.- Una vez presentados los formularios a la Autoridad de Aplicación, de conformidad con la presente normativa, dicha Autoridad dará difusión, por los medios que considere, de las empresas que solicitan la expedición del CRSA. Previamente a la determinación sobre la expedición del CRSA, durante al menos  tres meses, cualquier persona podrá acercar a la Autoridad de Aplicación información o consideraciones sobre el actuar de tales empresas, y la Autoridad de Aplicación deberá recibir y ponderar tales expresiones.

Artículo 13.- Los resultados del procedimiento de expedición de CRSA serán públicos y de libre acceso para la población. La Autoridad de Aplicación hará difusión pública de los mismos.

Artículo 14.- El Ministerio de Producción de la Provincia de Río Negro será la autoridad de aplicación de la presente ley. Queda facultada para dictar las disposiciones complementarias que considere necesarias o útiles para llevar adelante lo dispuesto en esta ley.

Artículo 15.- El procedimiento previsto en esta ley para el otorgamiento de CRSA comenzará a efectivizarse luego de un año de la vigencia de la misma. Durante tal lapso, y también con posterioridad, la Autoridad de Aplicación deberá dar difusión de esta ley, en particular al sector empresario de la provincia; dictar las normas complementarias que considere necesarias; realizar los contratos y convenios pertinentes; capacitar a su personal de modo adecuado
en relación a la temática de la Responsabilidad Social Empresaria, en general, y sobre esta ley, en particular; y realizar actividades de promoción y difusión de la Responsabilidad Social Empresaria dirigidas a la comunidad.

Artículo 16.- En el marco del Programa, el Poder Ejecutivo provincial deberá elaborar y aplicar un plan de acción tendiente a cumplir, progresivamente, con lo establecido en la norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad en el ámbito interno del Gobierno de la Provincia de Río Negro.

Artículo 17.- De forma.

ANEXO
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL EMPRESARIA PROVINCIA DE RIO NEGRO

DIMENSIÓN ECONÓMICA